La concejala de Consumo, María José Romero, ha presentado el balance anual de actuaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente al año 2025, destacando la labor de asesoramiento y mediación que se realiza desde este servicio municipal para la defensa de los derechos de los consumidores.

Durante el pasado año, la OMIC atendió un total de 525 consultas, de las cuales 382 fueron consultas informativas y 143 reclamaciones tramitadas. Gracias al trabajo de mediación entre consumidores y empresas, se lograron resolver numerosos conflictos alcanzando acuerdos entre las partes, lo que permitió recuperar 11.920,05 euros para la ciudadanía.

En cuanto a los ámbitos que generan un mayor número de consultas, el sector energético (electricidad y gas) vuelve a situarse a la cabeza con el 17%, seguido del comercio electrónico con el 16% y del ámbito de banca y seguros con el 9%. También registran un volumen significativo de consultas sectores como telecomunicaciones, transporte de viajeros y turismo, así como hostelería y restauración, cada uno con alrededor del 7% u 8%. A estos se suman el comercio minorista (7%), la sanidad privada (2%) y el sector de automóviles, tanto en venta como en reparación (4%).

Respecto a las reclamaciones que han requerido tramitación y mediación por parte de la OMIC, los sectores con mayor incidencia han sido el comercio electrónico y el sector energético, ambos con el 17% de las reclamaciones, seguidos por banca y seguros con el 12%. También destacan las reclamaciones relacionadas con telecomunicaciones, transporte de viajeros, turismo, hostelería o comercio minorista, que se sitúan en torno al 8%, mientras que los casos vinculados a automóviles (4%) y sanidad privada (3%) presentan un menor volumen.

Romero ha señalado que estos datos reflejan la importancia de la OMIC como servicio público de orientación y defensa de los consumidores, permitiendo resolver conflictos de forma ágil mediante la mediación y evitando, en muchos casos, que la ciudadanía tenga que recurrir a procedimientos administrativos o judiciales más complejos.